Las instalaciones y servicios gubernamentales –los que, ante todo, son en realidad perjuicios– son denominados como “públicos”, mientras que los servicios que responden eficientemente al público son denominados como “privados”.
Esa forma de enmarcar la distinción podría tener como objetivo denigrar sutilmente al mercado, o al “sector privado”, donde las ganancias motivan “egoístamente” a las personas que, en el proceso, mejoran la vida de extraños todos los días. El historial de ese sector es notablemente mejor que el del “sector público”. Por eso se nos enseña a creer que los motivos del gobierno son más puros: la búsqueda desinteresada del “interés público” por parte de los “servidores públicos”. Eso supuestamente los hace superiores a los que buscan ganancias, sin importar cuán efectivos sean los verdaderos productores de riqueza (empresarios, inversionistas, gerentes y trabajadores).
La escuela de economía política Public Choice ha establecido la visión más sensata de que las personas no se vuelven moralmente superiores al resto de nosotros cuando aceptan empleos gubernamentales. Son simplemente personas, excepto que los incentivos perversos exclusivos del ámbito político/burocrático difieren drásticamente de los incentivos productivos que distinguen el ámbito empresarial. Deberíamos llamar a quienes tienen empleos en el gobierno como auto-servidos “públicos”, para dejar al descubierto ese hecho básico. Puede que sean sinceros en sus racionalizaciones sobre ayudar a la gente, pero eso no cambia lo que hacen: coaccionar a la gente, empezando por los contribuyentes. Por el contrario, la gente en el mercado tiene que, en última instancia, satisfacer a los consumidores libres, o encontrar otra cosa que hacer.
Piense en lo que conocemos como escuelas públicas. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de una escuela que no estuviera abierta al público? ¿Quién más está ahí? Gran Bretaña está más más cerca de la verdad. Las escuelas públicas se denominan “escuelas privadas”, y las escuelas del gobierno se denominan “escuelas estatales”. Dado que dondequiera que se mire, los padres tienen que pagar por el pésimo y costoso sistema gubernamental, envíen o no a sus hijos allí, y muchos padres no pueden permitirse el lujo de pagar dos veces, podríamos llamar a las instalaciones del gobierno “escuelas de reclutas”.
Pero se las llama “públicas” porque quien teórica pero no realmente las posee, es el público.
Con otros “servicios públicos” existen aún menos opciones. La mayoría de las personas no pueden elegir sus compañías de agua, electricidad y gas, aunque ésto no es del todo inaudito. Dado que la competencia ha aparecido en algunos lugares, estos llamados monopolios naturales no parecen tan naturales después de todo. Si la competencia hubiera sido legal en todas partes, hace mucho tiempo que se habrían inventado tecnologías adecuadas.
Encontramos alternativas al gobierno en formas que a algunos podrían parecerles sorprendentes. Se dice que dos centros de gobierno irreemplazables son los tribunales para resolver disputas, y la policía para la seguridad contra los malhechores. Durante mucho tiempo la gente ha buscado resolver disputas pacíficamente sin los ineficientes y a veces corruptos tribunales gubernamentales. En la Edad Media, comerciantes de todo el mundo comercializaban sus productos en ferias europeas. A veces surgían desacuerdos sobre los contratos. De modo que los comerciantes buscaron una alternativa justa y eficiente a las cortes de los príncipes locales. El resultado fue el complejo y espontáneo Law Merchant. Las disputas que surgían sobre contratos, que de hecho crearon derecho privado para las partes, eran llevados ante personas que habían adquirido reputación de ser conocedoras, justas y eficientes. Los comerciantes valoraban tanto las resoluciones rápidas, que acordaron no apelar las sentencias que les resultasen adversas. Era más importante pasar a la siguiente transacción. El incumplimiento de una sentencia generaría idas y venidas, y limitaría oportunidades futuras.
La Law Merchant era tan buena, que evolucionó hasta convertirse en la ley comercial con la que opera gran parte del mundo hoy en día. Podemos ver señales de ello en el arbitraje privado, que hoy es un gran negocio. Muchos de los contratos que firmamos especifican que los desacuerdos serán resueltos en tribunales privados. Desafortunadamente y por motivos vagos, el gobierno de Estados Unidos afirma tener autoridad para anular los fallos de los árbitros. Si eso no fuera posible, el arbitraje probablemente sería aún más común que lo que es hoy. El gobierno no competirá de manera justa.
De manera similar, las empresas de seguridad privadas vigilan los centros comerciales, fábricas, universidades y otras instalaciones. También es un gran negocio. Los “servicios” del gobierno son inadecuados a pesar de los altos impuestos, por lo que la gente encuentra alternativas y las empresas responden, siendo totalmente responsables cuando cometen un error. Eso no sucede con la policía gubernamental.
¿A quién pertenecen las instalaciones gubernamentales? La mayoría de la gente diría que en una democracia, el público es dueño de las mismas. Pero no es así. Los miembros del público no pueden vender ni comprar acciones, ni hacer otras cosas que hacen los verdaderos propietarios. Nunca aceptaron ser propietarios. Esa es sólo una afirmación simbólica. En los casos de propiedad real, las personas adquieren derechos de propiedad mediante acciones volitivas inequívocas que implican contratos con términos razonablemente claros. El “contrato social” sólo existe en el mundo de la fantasía.
¿No son los verdaderos dueños de las instalaciones gubernamentales quienes realmente las controlan? Una referencia aproximada podría ser identificar a quien tenga la autoridad para colocar carteles de “prohibido el paso”, que adornan gran parte de la propiedad “pública”. (La propiedad privada también tiene esas señales, pero eso se debe a que existen dos tipos de propiedad privada: la que está abierta al público, y la que no, como las casas).
No deberíamos dejarnos engañar por el hecho de que el pueblo pueda votar por funcionarios públicos, quienes en teoría actúan como agentes del pueblo. La responsabilidad de esos pseudoagentes ante los llamados propietarios, es prácticamente nula si se considera cómo los políticos y burócratas pueden fácilmente desviar la atención de las malas consecuencias de sus acciones y/o su culpabilidad por esas consecuencias. Además, un voto apenas cuenta, y las campañas para cambiar realmente las cosas son prohibitivamente costosas, y están sujetas a problemas de polizones.
En contraste, la rendición de cuentas es poderosa en la sociedad con fines de lucro. La quiebra es una amenaza siempre presente para las empresas irresponsables y que no responden, y la reputación impone una disciplina significativa. Las partes perjudicadas también pueden demandar a las personas en el mercado. Las demandas contra el gobierno a menudo no están permitidas o están limitadas.
Es hora de abrir a la competencia tantas funciones gubernamentales como sea ya posible. Lo que hoy parece imposible, puede no parecerlo el año que viene. Así que busquemos nuevas medidas hacia servicios mejores y más baratos –por no mencionar la Libertad.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
