De un oscuro tema académico a un importante tema de campaña, la inversión sujeta a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ha irrumpido en la escena política. Las proyecciones indican que los activos de los fondos ESG se dispararán desde alrededor de U$S 20 billones en 2022, a la asombrosa cifra de U$S 40 billones en 2030.
Nuestro nuevo artículo en el Santa Clara Journal of International Law examina si son las fuerzas del mercado o son las intervenciones gubernamentales las que impulsan el aumento en la aplicación de los criterios ESG. Concluimos que son las políticas gubernamentales, más que las preferencias de los inversores, las impulsan principalmente los criterios ESG.
Los gobiernos de todo el mundo han impuesto numerosas regulaciones relacionadas con ESG, y muchas más están en proceso o bajo consideración. De hecho, los gobiernos activan el aumento de los criterios ESG, a medida que los inversores con visión de futuro pretenden desinvertir en sectores que pronto serán penalizados –como petróleo, gas natural o armas de fuego.
En igualdad de condiciones, las carteras ponderadas por ESG luchan contra los fondos indexados que siguen al mercado, que ofrecen una mejor diversificación y reducción de riesgos. Las regulaciones gubernamentales que exigen divulgaciones relacionadas con el clima, benefician a los fondos ESG al reducir las opciones de los inversores, haciendo que los valores en las carteras ESG sean más atractivos que lo que serían bajo una competencia (más) perfecta.
El hecho de que sea la atracción del mercado o el impulso del gobierno el que impulse los criterios ESG, también afecta la interpretación del emergente movimiento “anti-ESG”. Los diversos estados que restringen o prohíben la inversión de dólares estatales –incluidas las pensiones públicas– en ESG, están restringiendo la libertad de los inversores, o protegiéndolos de la depredación de otros gobiernos?
Documentamos las diversas medidas gubernamentales que impulsan la integración ESG dentro de los mercados financieros. Los gobiernos están desatando todo un arsenal de políticas, que incluyen mandatos, regulaciones, impuestos y subsidios.
Los compromisos gubernamentales de reducción de emisiones en virtud del tratado climático de París impulsan la transición a las energías renovables en la Unión Europea, Australia y Estados Unidos. La Unión Europea y Estados Unidos ofrecen varios créditos fiscales y subvenciones para proyectos de energía considerada “limpia” y mejoras de eficiencia energética.
La Administración Biden está subsidiando los generadores eólicos y solares, los vehículos eléctricos y las estaciones de carga, e imponiendo normas de emisiones más estrictas para vehículos y plantas de generación de energía nuevos. Una orden ejecutiva del presidente Biden dio lugar a acciones ESG por parte del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, la SEC y el Departamento de Trabajo.
Además, la mayoría de los estados tienen standards de cartera de energías renovables que exigen que las empresas de servicios públicos obtengan una parte sustancial de su electricidad de fuentes renovables como la eólica y la solar, y algunos estados apuntan a una generación 100% renovable.
Por el contrario, los gobiernos también imponen desincentivos, como impuestos o prohibiciones sobre el petróleo, los envases de plástico y los fertilizantes.
La Unión Europea lidera en materia ESG con su Green New Deal, su Ley Climática y sus nuevos standards de presentación de informes, que exigen reducciones de emisiones. Las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad exigen divulgaciones y auditorías ESG. En el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia se implementaron o propusieron mandatos similares para divulgar datos climáticos, métricas de diversidad y prácticas de sostenibilidad.
Los gobiernos exigen cada vez más la divulgación de datos ESG, como las emisiones de carbono o la diversidad de los directorios. Mientras que organizaciones privadas como la Junta de Standards de Divulgación Climática apuntan a standardizar voluntariamente las calificaciones ESG, los gobiernos fuerzan las divulgaciones. Más de 60 jurisdicciones, incluidos todos los miembros del G20, exigen la divulgación de datos ESG, principalmente a través de regulaciones financieras o reglas de cotización en bolsa.
Esfuerzos como el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, apoyado por importantes instituciones financieras e inversores institucionales, demuestran un impulso global para mejorar las divulgaciones relacionadas con el clima en el sector financiero.
Los requisitos ESG para las empresas que cotizan en bolsas de valores se han convertido en algo común. Tanto el NASDAQ como el Dow Jones introdujeron reglas de diversidad en los directorios e índices de sostenibilidad. Las bolsas de valores son técnicamente privadas, pero están fuertemente reguladas, y los gobiernos han impulsado estas reglas. Las bolsas de valores europeas han impuesto reglas similares.
Los mercados financieros estaban altamente regulados mucho antes de que surgieran los criterios ESG. Entonces investigamos si las regulaciones simplemente otorgaban permiso regulatorio a los inversionistas interesados en inversiones “socialmente responsables”. El hecho de que el Departamento de Trabajo permita inversiones de pensiones en ESG es una de las únicas medidas acomodaticias, aunque plantea dudas sobre el deber fiduciario. De manera abrumadora, las regulaciones son como el mandato de informes climáticos de la SEC.
El año pasado, destacadas instituciones financieras dieron marcha atrás en materia ESG, con salidas netas de fondos ESG. Esta desinversión sugiere que las instituciones financieras pueden haber sobreestimado la demanda del mercado de ESG. También valida nuestra evaluación: son los gobiernos los que han estado impulsando los criterios ESG todo el tiempo.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
