El choque entre la Administración Biden y el estado de Texas salió a la luz la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las autoridades federales podían remover el alambre de púas que el gobernador de Texas, Greg Abbott, había estado instalando a lo largo de la frontera con México, para frenar el cruce de millones de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos.
Esta vez Abbott no dio marcha atrás. En lugar de ello, emitió una declaración afirmando que “una invasión bajo el Artículo I, Sección 10, Cláusula 3” de la Constitución de Estados Unidos está en marcha, e invocando “la autoridad constitucional de Texas para defenderse y protegerse”.
Aquí el Gobernador Abbott responde a una pregunta importante que planteé en mi campaña presidencial de Estados Unidos en 1988: ¿en qué momento las fronteras abiertas y la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos se convierten en una “invasión”, lo que otorgaría a los gobernadores la autoridad –y la obligación– de tomar medidas? ?
Según algunas estimaciones, más de seis millones de inmigrantes ilegales han cruzado a Estados Unidos durante los tres años de la Administración Biden. Es posible que estos ilegales provengan en su mayoría de México y América Central, pero el hecho es que no tenemos idea de cuántos de ellos pueden estar llegando de, por ejemplo, Medio Oriente u otras áreas del mundo devastadas por la guerra. Incluso The New York Times escribió el mes pasado sobre el desastre en la frontera de Estados Unidos, que “miles de migrantes llegan a la frontera todos los días, viajando desde los confines más lejanos del mundo, desde África hasta Asia y América del Sur, impulsados por la violencia implacable, la desesperación y la pobreza”.
Con el mundo inundado de armas estadounidenses, no es difícil imaginar el peligro de la situación.
Es un problema que la Administración Biden no está dispuesta a abordar, posiblemente por razones políticas, especialmente en un año electoral. Y Biden encontró un aliado en la Corte Suprema de Estados Unidos y en el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, con el fallo de que los agentes federales pueden comenzar a eliminar las barreras instaladas por las autoridades de Texas. Pero esta vez la intensidad de la disputa se hizo evidente cuando 25 estados liderados por republicanos emitieron declaraciones en apoyo a Texas.
Empezó a parecer un enfrentamiento, y muchos comenzaron a invocar incluso palabras como “secesión”.
Sin embargo, si la Administración Biden pretende utilizar el fallo de la Corte Suprema para tomar medidas contra la barrera fronteriza de Texas, existen formas más inmediatas de defender la frontera. El representante Thomas Massie recurrió a Twitter la semana pasada para relatar una reunión que él y un grupo de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tuvieron con el fallecido juez Antonin Scalia. Durante el desayuno, escribió Massie, el juez Scalia le dijo al grupo que dejaran de quejarse de los fallos de la Corte Suprema, y comenzaran a denegar fondos a los fallos a los que se oponen.
Como explicó Massie en otro tuit, “El Congreso puede hacer que la decisión de 5-4 de la Corte Suprema contra Texas sea IRRELEVANTE, simplemente negándose a financiar la eliminación de las medidas de seguridad fronteriza por parte de Biden”. La anulación mediante el “poder del bolsillo” es una herramienta importante, otorgada al Congreso en la Constitución de Estados Unidos, y podría ser fácilmente ejercida en este caso.
Biden está claramente jugando a la política con la crisis migratoria, afirmando la semana pasada que tan pronto como el Congreso apruebe otro proyecto de ley de “reforma” migratoria –uno que incluya U$S 100.000 millones en bienestar militar para Ucrania, Israel y Taiwán–, tomará medidas para abordar la cuestión fronteriza. El Congreso debería rechazar esta extorsión, y los estados estadounidenses deberían seguir tomando medidas –incluida la anulación del fallo de la Corte Suprema– para protegerse contra la invasión.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
